El Juzgado Laboral N°5 de Rafaela ordenó la retención mensual del sueldo del edil tras el vencimiento del plazo para saldar una deuda de más de 22 millones de pesos. La medida fue comunicada formalmente al Concejo Municipal esta semana.
La situación judicial del concejal Fabricio Dellasanta dio un paso decisivo hacia la ejecución forzada.
Luego de que no se concretara el pago de $22.227.182,20 en el plazo de diez días otorgado originalmente en abril, el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N°5 Laboral de Rafaela ordenó formalmente trabar embargo sobre sus haberes y cualquier otra suma de dinero que perciba en concepto de funciones públicas.
La resolución, que lleva la firma del juez Lucas Marín y la secretaria María Victoria Trossero, se dictó en el marco de la causa «Cobro de pesos» (CUIJ N° 21-23694846-0). Según lo dispuesto por la justicia, al monto original de la deuda se le deberá adicionar un 30% adicional, presupuestado de manera provisoria para cubrir los intereses devengados y las costas del proceso judicial.
Ejecución formal en el Concejo Municipal
El oficio judicial ingresó oficialmente al Concejo Municipal de Rafaela este lunes 8 de junio de 2026. A partir de esta notificación, el cuerpo legislativo local quedó obligado a proceder con la retención mensual de los ingresos que percibe el edil por su labor parlamentaria.
Dichas retenciones deberán ser depositadas directamente en una cuenta judicial abierta en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., quedando a exclusiva disposición del juzgado que entiende en la causa hasta cubrir el monto total de la deuda actualizada.
Antecedentes y postura del concejal
El proceso judicial contra Fabricio Dellasanta ha estado marcado por la tensión política. Cuando la sentencia inicial y la intimación de pago fueron comunicadas a mediados de abril, el concejal rechazó categóricamente la resolución.
En aquel momento, Dellasanta denunció públicamente que el proceso respondía a una «operación política» en su contra, calificando el avance de la causa como parte de una «mafia del juicio laboral». A pesar de estas declaraciones públicas, el edil no cumplió con el pago durante el periodo de gracia otorgado por el tribunal, lo que derivó inevitablemente en la actual etapa de ejecución efectiva y el embargo de sus haberes.