Una mujer fue detenida en Tigre, mientras que su pareja permanece prófuga.La investigación de la Justicia Federal apunta a una organización que captaba personas mediante falsas ofertas laborales para enviarlas al conflicto armado con promesas de salarios de 3.000 dólares.
La Justicia Federal ordenó la detención de una mujer acusada de integrar una organización dedicada a captar ciudadanos argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia mediante ofertas laborales engañosas.
El procedimiento fue solicitado por la Fiscalía Federal N.º 1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal general Sergio Néstor Mola, en conjunto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), y se concretó durante el fin de semana en la localidad bonaerense de Tigre.
En el operativo, realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), también se secuestró material que ahora será analizado por los investigadores.
En tanto, la pareja de la detenida, también señalada como integrante de la organización, permanece prófuga tras haber salido del país con destino a Brasil días antes del allanamiento.
Promesas de trabajo y un sueldo de 3.000 dólares
De acuerdo con la investigación, la organización captaba personas —entre ellas exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad— a través de redes sociales, ofreciéndoles incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años.
Como incentivo, prometían un salario cercano a 3.000 dólares, aunque las verdaderas condiciones del contrato eran ocultadas.
Según la pesquisa, los reclutadores entregaban documentación redactada en idioma ucraniano y aseguraban que los postulantes realizarían tareas civiles.
Además, les indicaban que, si eran consultados por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o de las aerolíneas, debían afirmar que viajaban para trabajar en el rubro de la construcción.
La investigación comenzó en Ezeiza
La causa se inició en marzo de este año, cuando agentes de la PSA detectaron inconsistencias en las declaraciones de cuatro hombres que se encontraban en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a punto de viajar hacia Ucrania.
Los investigadores comprobaron que ninguno sabía quién había comprado los pasajes, quién los recibiría en Europa ni cuáles serían exactamente las tareas que desempeñarían. Tampoco contaban con pasaje de regreso ni con recursos económicos suficientes para afrontar la estadía.
A partir de tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y seguimientos, la Justicia logró identificar a los presuntos responsables de la estructura dedicada al reclutamiento.
Sospechan un caso de trata de personas
Para la fiscalía, la maniobra podría encuadrarse como un delito de trata de personas con fines de explotación laboral, ya que las víctimas eran captadas mediante engaños y luego sometidas a mecanismos de control y dependencia.
Los fiscales también advirtieron sobre la posible existencia de deudas impuestas por traslados, equipamiento o supuestos incumplimientos contractuales, situaciones que podrían derivar en esquemas de servidumbre o trabajo forzoso.
Alerta internacional por esta modalidad
La investigación fue compartida con la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) y, en julio de 2026, INTERPOL emitió una notificación morada para alertar sobre esta modalidad de reclutamiento.
Según esa alerta, organizaciones criminales captan principalmente a exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante falsas ofertas laborales, coordinan su traslado hacia Europa y, una vez en destino, retienen su documentación, los aíslan y los obligan a participar en conflictos armados bajo amenazas y coerción.
La mujer detenida será indagada en los próximos días por el juez federal Luis Armella, mientras continúa la búsqueda del segundo sospechoso y avanza la investigación para determinar el alcance de la organización.