El actor permanece alojado en la Alcaidía de Rafaela tras su aprehensión en un allanamiento realizado en su vivienda de Lehmann. La Justicia deberá definir su situación procesal dentro del plazo legal de 96 horas, mientras las partes evalúan la posibilidad de que continúe el proceso en libertad con medidas restrictivas.
La situación judicial del actor Maximiliano Ghione podría registrar novedades en las próximas horas, ya que la Justicia deberá resolver dentro del plazo legal de 96 horas posteriores a su detención si continúa privado de la libertad o si afronta la investigación bajo medidas cautelares alternativas.
Actualmente, Ghione permanece alojado en la Alcaidía de Rafaela, tras haber sido aprehendido durante un allanamiento realizado en su domicilio de la localidad de Lehmann.
La causa se originó a partir de una denuncia radicada en el Centro Territorial de Denuncias de calle Güemes al 200 de Rafaela. Según consta en el expediente, los hechos denunciados habrían ocurrido el pasado 20 de septiembre en la vivienda del actor.
La postura de la defensa
El abogado defensor, Juan Manuel Lovaiza, confirmó que su cliente fue aprehendido alrededor de las 13:30 durante el procedimiento judicial y cuestionó las versiones que circularon públicamente sobre el caso.
«Hay una distancia abismal entre lo que se está al menos publicando y lo que me contó mi defendido», sostuvo.
Respecto de la posibilidad de una prisión preventiva, el letrado consideró que no existirían elementos suficientes para justificar una medida de esa magnitud.
«De lo que pude charlar con mi defendido, no avizoro que se pueda disponer una prisión preventiva o que se hayan cometido los delitos que prima facie están siendo publicados», señaló.
En relación con los elementos secuestrados durante el allanamiento, Lovaiza explicó que entre ellos había armas de fuego que, según manifestó su defendido, poseería en condición de legítimo usuario.
«Se le secuestraron algunas armas de fuego, que desde ya me manifestó ser legítimo usuario; no estaban en la vía pública, no estaban cargadas, con lo cual puedo llegar a descartar cualquier tipo de portación», afirmó.
Qué sostiene la denuncia
Por su parte, el abogado querellante Carlos Farías Demaldé, representante de la persona denunciante, brindó detalles sobre la acusación que dio origen a la investigación.
Según explicó, su asistido, un hombre de 45 años que se desempeña como trabajador sexual, concurrió al domicilio de Ghione en Lehmann y allí se habría producido un conflicto vinculado con cuestiones de horario y de pago.
«Se originó una discusión con el tema del horario, con el tema del pago», indicó.
De acuerdo con la versión planteada por la querella, la situación habría escalado durante el encuentro.
«Habría recibido amenazas por parte del imputado manifestándole que no llame al diablo», detalló Farías Demaldé.
El abogado sostuvo además que la víctima habría permanecido durante aproximadamente cinco horas sin posibilidad de retirarse del domicilio, situación que forma parte de la investigación en curso.
Los delitos que se investigan
La causa cuenta actualmente con una calificación provisoria que incluye los presuntos delitos de:
Privación ilegítima de la libertad.
Amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.
Tenencia de arma de fuego de uso civil.
No obstante, la configuración definitiva de los delitos dependerá del avance de distintas medidas probatorias, entre ellas las pericias sobre las armas secuestradas y el análisis de registros de cámaras de seguridad.
Definición inminente
En cuanto a los próximos pasos procesales, Farías Demaldé explicó que será la Justicia quien determine en las próximas horas si corresponde convocar a una audiencia imputativa y bajo qué condiciones continuará el proceso.
Mientras tanto, trascendió que las partes analizan la posibilidad de aplicar medidas cautelares no privativas de la libertad, como restricciones de acercamiento y contacto con el denunciante, además de eventuales limitaciones vinculadas a la tenencia o uso de armas.
La resolución sobre la situación procesal del actor se conocerá dentro del plazo legal previsto por la normativa vigente y será determinante para definir cómo continuará la investigación en los tribunales de Rafaela.