Un hombre de 66 años fue arrestado este sábado por la mañana en el marco de una causa que investiga la presunta contratación de un sicario para atentar contra el gobernador de Santa Fe.
Una profunda investigación judicial y policial sacude a la provincia tras desatarse una causa por la presunta contratación de un sicario para asesinar al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante su visita a la ciudad de Ceres.
El operativo principal se concretó este sábado por la mañana, cuando efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un hombre de 66 años, identificado como P. A. P., en una vivienda situada en calle Matheu al 900.
El procedimiento se desorrolló en el marco de tres allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, quien conduce la pesquisa.
Los otros operativos se desarrollaron en la esquina de Echagüe y Mariano Vera, y en un domicilio de Remedios de Escalada de San Martín al 800.
Durante el allanamiento en la vivienda del principal sospechoso, los uniformados secuestraron un revólver calibre .32 largo con cinco cartuchos en el tambor, el cual se encontraba en condiciones de uso y disparo.
El origen de la investigación y la alerta al 911
La causa se inició el pasado miércoles 28 de octubre, minutos después de las 05:00, a raíz de llamados anónimos recibidos en la central de emergencias 911.
En dicha comunicación, además de alertar sobre presuntos puntos de venta de drogas, el denunciante advirtió sobre un plan criminal para atentar contra el mandatario provincial, quien había visitado Ceres el martes 27 de octubre para inaugurar obras públicas.
De acuerdo con el testimonio aportado a las operadoras, cuatro hombres de la localidad —identificados como P. A. P., G. C., J. D. y R. I.— habrían contratado a un sicario proveniente de la vecina localidad santiagueña de Selva.
Asimismo, la llamada indicó que otro individuo, M. A. G., se encargaría del traslado, mientras que un propietario identificado como A. Z. habría cedido el inmueble desde donde presuntamente se ejecutaría el ataque.
Ante la extrema gravedad del contenido, la operadora derivó de inmediato el aviso a sus superiores y al fiscal Emiliano Odriozola, quien activó un protocolo bajo estricto sigilo y rapidez.
Las directivas iniciales incluyeron constatar la agenda oficial del gobernador en el departamento San Cristóbal, identificar al titular de la línea telefónica utilizada para las amenazas y relevar cámaras de videovigilancia públicas y privadas para reconstruir los movimientos de los sospechosos desde el lunes 26 de octubre.
Situación procesal y medidas en curso
Tras los operativos realizados por la PDI, el fiscal Odriozola dispuso que el detenido permanezca privado de su libertad, sea sometido a un examen médico legal y quede alojado en una dependencia policial bajo custodia permanente.
De manera provisoria, la atribución delictiva formalizada por la fiscalía quedó caratulada bajo el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego y municiones de uso civil, mientras continúan las diligencias para dar con el resto de los implicados mencionados en la denuncia original.
Fuente periodística: Juan Trento / Unosantafe.