La imputada tiene 27 años y sus iniciales son SEO. De acuerdo con la atribución delictiva, la imputada y otro agente policial frustraron allanamientos que se llevaron a cabo el viernes 29 de mayo pasado. La investigación está a cargo del fiscal Sebastián Galleano.
Continuará privada de su libertad una suboficial de la Policía de Investigaciones de 27 años a la que se investiga por la filtración de información reservada en el marco de una investigación por microtráfico en Avellaneda.
Así lo resolvió el camarista Eduardo Bernacchia, quien confirmó la decisión de primera instancia que había impuesto el juez Mauricio Martelossi.
La investigación es dirigida por el fiscal Sebastián Galleano, integrante de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico de la Fiscalía General.
En el marco del mismo legajo hay otro oficial investigado que también transito el proceso en prisión preventiva.
Peligros procesales
Galleano valoró la confirmación de lo resuelto por Bernacchia y señaló que “el camarista sostuvo que las evidencias aportadas por la Fiscalía en esta etapa procesal son suficientes para tener por acreditada la materialidad del hecho y también subrayó que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo”.
El fiscal del MPA también remarcó que “el juez de segunda instancia ratificó la existencia de peligro de entorpecimiento probatorio, basado en la capacidad de la imputada para desviar la investigación y el riesgo para los testigos”.
El fiscal del MPA hizo hincapié en que “Bernacchia también consideró el pedido de prisión domiciliaria de la Defensa” y puntualizó que “evaluó que el Interés Superior del Niño no se identifica exclusivamente con la presencia materna en el hogar y que, en este caso, la salud y el cuidado de la bebé de la imputada están siendo atendidos por familiares y médicos”.
“En este sentido, el magistrado instó a la Fiscalía a tramitar un nuevo lugar de alojamiento que permita a la imputada estar con su bebé o, en su caso, tener una situación más adecuada a la brevedad, atendiendo al estado de salud del niño”, resaltó el funcionario.
Información
En relación con los hechos ilícitos, Galleano puntualizó que “la mujer imputada y un oficial de la PDI que también está en prisión preventiva ayudaron a un hombre investigado por vender drogas y a otras personas vinculadas a él a dificultar el accionar del MPA y las fuerzas de seguridad”.
Subrayó que “se aprovecharon de su condición de funcionarios púbicos con acceso a información confidencial”, y afirmó que “permitieron frustrar parcialmente una serie de allanamientos realizados el viernes 29 de mayo en Avellaneda”.
“Mientras la suboficial estaba de licencia, el otro imputado le comunicó la fecha exacta en la que iban a ser allanados una serie de domicilios en Avellaneda”, expuso el fiscal.
“A su vez, la uniformada alertó por WhatsApp a uno de los residentes en esos inmuebles, a fin de que tanto él como los integrantes de su entorno pudieran eludir la persecución penal”, manifestó.
En tanto, Galleano detalló que “hay evidencias de que cuando se descubrió la filtración, los imputados hablaron entre sí acerca de los mensajes que los comprometían, eliminaron conversaciones y descartaron dispositivos móviles”.
“Para procurar su impunidad, los integrantes de la PDI investigados trataron de instalar la hipótesis de que los datos habían sido difundidos por otros miembros de la fuerza”, destacó el fiscal.
“Por sí mismos o por terceros, confeccionaron imágenes digitales que simulaban ser capturas de pantalla de chats de WhatsApp que sus superiores y compañeros de trabajo supuestamente habían mantenido con referentes de los inmuebles allanados”, puntualizó.
Calificaciones penales
A la suboficial de la PDI imputada se la investiga por la coautoría de los delitos de encubrimiento agravado (por ser funcionaria pública) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.