Desde el Gobierno confirmaron que cada intervención puede costar entre 5 y 6 millones de pesos, y que se impulsarán acciones judiciales para recuperar ese dinero.
El avance de amenazas en establecimientos educativos en la provincia de Santa Fe encendió las alarmas no solo por su gravedad, sino también por el fuerte impacto económico que generan.
En ese marco, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, remarcó que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidación pública, previsto en el Código Penal con penas de prisión.
“Hay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales”, señaló el funcionario, al tiempo que advirtió sobre el despliegue que implica cada operativo.
Alto costo y despliegue
Según explicó, estas intervenciones demandan una importante movilización de recursos humanos y logísticos, además de desviar personal policial que podría estar destinado a otras tareas de seguridad.
Reclamo económico a los responsables
Por instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzará —a través de su área Legal y Técnica y en coordinación con la Fiscalía de Estado— en demandas para reclamar el resarcimiento económico en los casos donde se identifique a los responsables.
“Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, aseguró Cococcioni, dejando en claro que el Estado buscará que quienes generen este tipo de situaciones respondan también en el plano económico.