Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe confirmaron que los responsables identificados pertenecen a las propias instituciones. Buscan frenar el fenómeno con sanciones económicas.
La secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad de la provincia, Georgina Orciani, aseguró que todos los detenidos por amenazas a escuelas son alumnos de los establecimientos involucrados.
La funcionaria explicó que se trata de un fenómeno creciente que no es un juego ni una broma, sino un delito de intimidación pública que genera un fuerte despliegue de recursos del Estado. En ese sentido, la Provincia comenzó a implementar el cobro de resarcimientos económicos a los responsables por los gastos ocasionados en operativos de seguridad.
“Lo que se busca es que quien comete el delito devuelva al Estado lo que se gastó para proteger a la sociedad”, sostuvo Orciani, y remarcó que el impacto económico puede ser un factor disuasivo.
Un fenómeno impulsado por redes sociales
Según detalló la funcionaria, muchas de estas amenazas están vinculadas a retos virales en redes sociales, lo que dificulta su prevención y genera una rápida propagación.
En los últimos días se registraron 158 intervenciones en toda la provincia, con siete personas detenidas hasta el momento. Las amenazas se presentan en distintos formatos: pintadas, correos electrónicos o mensajes anónimos, lo que complejiza las investigaciones.
Consecuencias penales y educativas
Orciani advirtió que, además del cobro económico, los responsables pueden enfrentar causas penales si son menores punibles. En paralelo, las sanciones dentro del ámbito escolar quedan a criterio del Ministerio de Educación.
A pesar de las medidas, las amenazas continúan. Desde el Gobierno provincial reconocen que aún no se logró frenar la ola, aunque confían en que las primeras notificaciones de cobro tengan un efecto disuasorio.
“El abordaje no puede ser solo sancionatorio; también requiere trabajo con las escuelas y las familias”, concluyó la funcionaria.