La causa por robo de cerdos en un campo de Lehmann terminó sin imputaciones firmes: cinco jóvenes de Rafaela recuperaron la libertad tras una audiencia en Tribunales.
La fiscalía no logró sostener pruebas directas y el juez Gustavo Bumaguin dispuso medidas alternativas mientras la investigación sigue abierta.
Investigación por robo de animales en zona rural
El hecho se originó en un establecimiento rural de Lehmann, en el departamento Castellanos, donde se denunció la sustracción de porcinos.
La pesquisa, encabezada por la fiscal María Cecilia Doro, apuntó inicialmente a un grupo de jóvenes domiciliados en el norte de Rafaela.
El operativo derivó en detenciones preventivas y el traslado de los sospechosos a sede policial de la UR V. Sin embargo, durante la audiencia realizada en los Tribunales locales, los indicios presentados no alcanzaron para sostener la imputación por abigeato.
Audiencia en Tribunales: falta de pruebas
En la instancia judicial, las defensas —a cargo de la defensora oficial Georgina Allasia y los abogados Andrés Colón y José María Silvela— remarcaron la ausencia de evidencia directa.
El juez Gustavo Bumaguin resolvió no avanzar con medidas de prisión preventiva y ordenó la libertad de los cinco imputados, aunque bajo condiciones:
- Fijación de domicilio
- Designación de un responsable o “guardador”
- Prohibición de ingresar a Lehmann
- Prohibición de contacto con la víctima y testigos
- Firma semanal en sede policial en algunos casos
Situación social de los involucrados
Durante la audiencia surgieron datos sobre el contexto de los jóvenes: trabajadores informales vinculados a la construcción, con trayectorias laborales inestables. Incluso, uno de ellos manifestó no saber leer ni escribir, firmando mediante huella dactilar.
Este punto fue considerado relevante en el análisis del caso, al exponer condiciones de vulnerabilidad que atraviesan a parte de la población en sectores periféricos de Rafaela.
Lo que tenés que saber
- Cinco jóvenes de Rafaela fueron detenidos por un presunto abigeato en Lehmann.
- La Justicia ordenó su libertad por falta de pruebas suficientes.
- El juez Gustavo Bumaguin impuso medidas alternativas y restricciones.
- La causa sigue en investigación bajo la fiscal María Cecilia Doro.
- El caso expone la vulnerabilidad social de los implicados y la complejidad del delito rural en Castellanos.